Pronunciamiento ante casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y el posible uso del fuero constitucional como medio de impunidad

 

A la luz pública de un posible caso de abuso sexual contra una niña cometido por un Magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil que goza de fuero constitucional, como parte de la alianza “Uniendo Fuerzas”, y como organizaciones que promueven la garantía de derechos y la atención a vulneraciones contra las niñas, niños y adolescentes, buscando su interés superior, expresamos:

  • Los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes no deben, desde ningún punto de vista, considerarse “delitos comunes” porque dejan graves secuelas en la vida de niñas, niños, y adolescentes violentados en su libertad sexual.
  • Según el Artículo 7 del Estatuto de Roma, relativo a los crímenes de lesa humanidad, cualquier forma de violencia sexual debe ser considerada precisamente como un crimen de lesa humanidad.
  • El fuero constitucional no debiera entenderse o aplicarse como “sinónimo de impunidad” y debido a este tipo de casos, hoy más que nunca, debiera reformarse y restringirse este privilegio otorgado constitucionalmente a las personas que ostentan cargos públicos.
  • En el año 2015, diputados y diputadas que aprobaron la reforma citada al Art. 99 del Código Penal y al Art. 32 del Código Procesal Penal, dictaminaron que los delitos contra la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes son “dolosos”, es decir “que el sujeto que los comete actúa con conocimiento y voluntad”. Por tanto, en congruencia con dicha reforma, debería actuarse inmediatamente para eliminar el fuero constitucional contra aquellos sujetos que hayan cometido algún delito sexual contra niñas, niños y adolescentes.
  • Según la Policía Nacional Civil, de enero a septiembre de 2018, un promedio de cuatro niñas fueron víctimas de violencia sexual a diario, reportando un total de 1,128 casos.

Por tanto exigimos:

  • A la Asamblea Legislativa que proceda cuanto antes con el nombramiento de la comisión de antejuicio para que conozcan el caso del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil y procedan a dictaminar el desafuero para que se continúe el proceso penal.
  • Al sistema judicial, para que actúe en concordancia con lo que es justo, por medio del debido proceso, para perseguir el delito, en caso haya elementos para continuarlo, y que durante el proceso judicial la víctima sea cuidada integralmente.
  • A la Fiscalía General de la República para que continúe con profesionalismo y eficacia la investigación relacionada con los delitos contra la niñez y adolescencia, particularmente en el caso del Magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil.
  • A las instancias gubernamentales correspondientes para que continúen trabajando por fortalecer los mecanismos de protección para hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
  • A las demás organizaciones sociales defensoras de los derechos de la niñez y adolescencia a manifestarse rotundamente en contra de todo caso de abuso de poder que violente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo acciones civiles pertinentes para reformar el fuero constitucional, o cualquier mecanismo de abuso de poder, que tanto daño hace ante casos de violencia sexual contra la niñez y adolescencia.
  • A los medios de comunicación para que continúen visibilizando los casos de vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia, salvaguardando su identidad e imagen.
  • A la sociedad en general para que pronuncie su rechazo ante los casos de violencia sexual y se solidarice con todas las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas, para que sean atendidas y protegidas en todo momento.

Unámonos para erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes

San Salvador, febrero 2019

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