Impacto del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador

Impacto del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador

Resumen Ejecutivo.

El objetivo de este estudio es visibilizar la problemática de la niñez y adolescencia víctima de violencia generalizada en condición de desplazamiento interno en El Salvador, así como profundizar sobre las responsabilidades de las instituciones titulares de deberes en materia de garantía y protección de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia que se encuentran ellos y sus familias en condición de desplazamiento interno o se encuentran en riesgo de desplazarse internamente.

Es por esto por lo que organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en el trabajo de promoción de derechos y del bienestar de la niñez y la adolescencia en El Salvador han brindado significativos insumos para nutrir el análisis y los resultados del presente documento. Los aportes han sido brindados por Plan Internacional, EDUCO, Asociación de Municipios Microrregión El Bálsamo (MREB), Asociación de Desarrollo Voces de Madres de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad (ADVMES) y Cristosal.

En atención al proceso de transición que seguirá el futuro gobierno junto al actual, es necesario el reconocimiento oficial a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado y una normativa específica aprobada por la Asamblea Legislativa que cumpla estándares mínimos internacionales en materia de derechos humanos de desplazados internos. Se propone que se plantee en el proceso de transición una comisión interinstitucional que permita caracterizar el fenómeno y desarrollar un informe sobre la situación del desplazamiento forzado por violencia generalizada que constituya un punto de partida para su abordaje.

Tal como se ha hecho con el gobierno actual, estas instituciones ofrecen su aporte técnico y experiencia en la atención y protección de las víctimas al futuro gobierno que permita, juntamente con sociedad civil, ofrecer respuestas efectivas para la adecuada atención de la problemática.

I. Metodología

Se realizó una combinación de técnicas de revisión de estadísticas de fuentes oficiales respecto a la ocurrencia de hechos delictivos que afectan a la niñez y la adolescencia, así como procesamiento de datos cuantitativos provenientes de EDUCO, Plan Internacional y Cristosal sobre la incidencia del desplazamiento interno forzado como problemática que perjudica de manera directa a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, se incluyen dos casos de estudio (infografías) seleccionados entre los que ha registrado Cristosal durante el año 2018, con el fin de poder evidenciar el daño infligido al sistema familiar completo, y en especial a sus miembros más jóvenes.

II. La situación de violencia generalizada que afecta a la niñez y la adolescencia en El Salvador.

Durante los años 2017-2018, el Instituto de Medicina Legal (IML) reportó la ocurrencia de un total de 1,212 homicidios en contra de personas entre los cero y los diecinueve años. De estos, el 89.1% (N=1,080) fueron dirigidos en contra de niños y adolescentes hombres, mientras que solo un 10.9% (N=132) fue en contra de niñas y adolescentes mujeres. Al analizar los datos por edad, se observa que entre los 15 y los 19 años es donde se concentra la mayor cantidad de homicidios (1,114), es decir un 92.0% del total de asesinatos ocurren en este grupo etario. Nuevamente se comprueba la mayor vulnerabilidad de los adolescentes hombres, ya que ellos acumularon 1,008 de los homicidios reportados en el período señalado.

Además de los homicidios, existen otra serie de delitos que se encuentran vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el 9.1% (N=485) de las lesiones registradas durante 2017, fueron cometidas contra NNA entre los 0 y los 17 años; lo cual aumentó levemente para el año 2018, donde el reporte fue de 548 lesiones (63 más que en el año anterior), lo que indica que en ese año la niñez y adolescencia representa el 9.2% del total de lesiones registradas.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) proporcionó información respecto a la deserción escolar vinculada a la delincuencia. Respecto a las razones para la deserción, en 2017 un total de 4,573 alumnos (6.0%) se retiraron por razones relacionadas a violencia e inseguridad, lo cual en 2018 tuvo una leve disminución a 4,011 estudiantes (5.3% del total). Para ambos años la razón más común para abandonar los estudios fue la delincuencia, observándose una afectación mayor en el caso de los estudiantes de sexo masculino. El MINEDUCYT también registra la deserción como efecto del desplazamiento forzado, esta razón en particular tuvo un ligero aumento del año 2017 (11.0%) al 2018 (13.9%).

Este panorama estadístico nos muestra la vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentra la niñez y la adolescencia salvadoreña, donde la violencia no solo es una situación que les rodea en los ambientes en los que están creciendo, sino que les afecta de una forma directa. Es importante que se reconocer esta afectación para poder fortalecer los programas de atención que el país tiene para atender a los niños, niñas y adolescentes del país atendiendo a las particularidades que tiene cada grupo etario.

III. Situación de la niñez y la adolescencia afectada por el desplazamiento forzado

Ante las dificultades del Estado para brindar protección y atención integral a la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador, algunas organizaciones de la sociedad civil han dado respuesta a las exigencias de esta realidad. Entre estas organizaciones se encuentran Plan Internacional, EDUCO, ADVMES, MREB y Cristosal.

Los datos de tres de éstas organizaciones muestran que el desplazamiento forzado interno es una situación que afecta de manera directa a la niñez y la adolescencia y no solamente a los adultos; resaltar esta afectación es importante para visibilizar la importancia de poder contar con planes que atiendan de forma diferenciada a este grupo poblacional vulnerable. Si se realiza una sumatoria de la niñez y adolescencia en situación de desplazamiento interno por violencia registrada en 2017 y 2018 por Plan Internacional (N=936), EDUCO (N=353) y Cristosal (N=303), se tiene un total de 1,592 personas afectadas por esta problemática y que son menores de 18 años. Acá es importante señalar

que estos son casos que son detectados a través del trabajo de organizaciones de sociedad civil, pero que existe un subregistro formado por aquellas personas que no acuden a ninguna institución en busca de ayuda por lo que el número puede ser mucho mayor

IV. Barreras para la adecuada protección de la niñez y la adolescencia frente a la violencia

El sistema de protección de niñez y adolescencia, aún en construcción e implementación a nivel local, constituye un engranaje para la protección de la infancia y adolescencia desde todas las perspectivas de atención, incluyendo los abordajes por violencia generalizada. Partiendo de la corresponsabilidad establecida en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), tanto las instituciones públicas, los funcionarios, las familias, las comunidades y la sociedad civil juegan roles importantes en la protección de niñez desplazada forzosamente a nivel interno.

Es de vital importancia articular a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la Republica, con las Juntas de Protección y los Comités Locales de Derechos como actores trascendentales dentro del Sistema de Protección Nacional, como las principales activadoras de la protección del Estado.

Frente a la Sentencia 411-17 de la Sala de lo Constitucional que mandata el reconocimiento del desplazamiento interno forzado por violencia, y que no se ha ejecutado aún por parte del Gobierno saliente, es importante plantear las siguientes prioridades para garantizar una respuesta efectiva del Estado: apoyar una propuesta basada en normativa internacional tomando en cuenta los derechos humanos, ampliar la protección a víctimas, abordaje interinstitucional por medio de una política nacional, dar seguimiento a la creación de una Comisión Interinstitucional y, por último, pero no menos importante, establecer una fuente de financiamiento específica para la atención de víctimas.

Efectos en la educación y el bienestar psicosocial de NNA. Dentro de las afectaciones que sufren las niñas, niños y adolescentes, al enfrentarse a la situación del desplazamiento forzado se encuentran la imposibilidad de ejercer su derecho a la educación, la niñez y adolescencia afectada se retiran del centro escolar por problemas de seguridad y se ven obligados a abandonar sus estudios formales, muchos de los casos por presencia de pandillas dentro de los centros escolares, las cuales tratan de reclutarlos forzosamente, les imponen la denominada “renta”, o les solicitan favores hacia la pandilla,los cuales de no cumplirse acarrean una serie de consecuencias en prejuicio de ellos.

Retos para la garantía del derecho de inclusión de la niñez y la adolescencia con discapacidad, en particular, con discapacidad intelectual. Las barreras comunes que tienen que enfrentar este grupo vulnerable en las comunidades de origen son solventadas y superadas en un proceso de larga duración; sin embargo, al verse en la obligación de movilizarse forzosamente, se ven en la tarea de reconstruir esfuerzos para desarrollar las capacidades y redes de apoyo en los lugares de destino. Esto se vuelve una tarea dura cuando la movilización se realiza constantemente por su seguridad y se vuelve un reto tener que socializar cuando salen de una comunidad donde han desarrollado esas capacidades. Esto también tiene un correlato en el ámbito educativo: a la niñez y adolescencia con discapacidad se les dificulta la integración y adaptación en la escuela, el tener que dejar este espacio seguro para ellos implica el reto de volver a construirlo en otro ambiente diferente. Por esto, es necesario que el sistema de educación visualice estas necesidades para garantizar el derecho al acceso a la educación de este grupo poblacional.

Hacia una comprensión más significativa de las implicaciones del desarraigo obligado de sus hogares y comunidades en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es necesario abordar el fenómeno del

desplazamiento forzado no únicamente por medio de la atención de casos donde ya ocurrieron vulneraciones de los derechos, sino que el enfoque debe ser el de prevenir que el contexto socializador ofrezca un entorno de riesgos e influencias nocivas para el desarrollo de la niñez y adolescencia. Por esto, aunque la consolidación de mecanismos de protección de las niñas, niños y adolescentes que viven la crisis de un desplazamiento forzado es urgente, la apuesta no puede limitarse solo a esto. La expectativa debe de dirigirse a garantizar una institucionalidad sólida que genere las garantías de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia. El trabajo también debe de ser realizado a nivel local y comunitario, pues la familia y la comunidad no pueden ser excluidos como actores protectores y agentes dinamizadores de un entorno de relaciones interpersonales más positivas para la convivencia y el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes.

Recomendaciones

Fortalecimiento institucional. *Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia a nivel local. *Las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección deben partir de la premisa que las niñas, niños y adolescentes que tienen o han tenido vínculos con estructuras criminales provienen de situaciones de restricción de derechos fundamentales y múltiples vulnerabilidades, frente a las que las instituciones del Estado no han tenido la capacidad para prestar una protección integral, inmediata y adecuada.

Políticas públicas. *Que las instituciones del Sistema Nacional de Protección reconozcan oficialmente el desplazamiento forzado interno por violencia generalizada y creen políticas, planes y programas específicos, con las instituciones competentes para su promulgación e implementación. *Promover políticas, programas y planes integrales, holísticos y multisectoriales, que involucren a todas las instancias del Estado para la atención de casos de desplazamiento forzado interno generado por violencia, brindando apoyo y directrices claras a los Comités Locales de Derechos y a las Juntas de Protección, para que desde el ejecutivo a lo municipal puedan brindar apoyo a la niñez y adolescencia víctima de violencia generalizada. *Crear los protocolos para la identificación temprana y la remisión de casos de violencia generalizada, desplazamiento forzado y otras vulneraciones de derechos contra la niñez y adolescencia. *Priorizar el ámbito educativo y las políticas de escolarización como una de las inversiones preventivas más importantes para niñez y adolescentes en situación de vulnerabilidad, tanto en términos de mejorar su educación como en la reducción de conductas consideradas de riesgo.

Coordinación y articulación. *Los gobiernos locales deben conocer la importancia de articularse con el Sistema Nacional de Protección y ejercer un rol protagónico en la ejecución de políticas, programas y planes a nivel municipal orientados a la protección de niños, niñas y adolescentes desplazados forzados internos por violencia generalizada. *Generar coordinaciones entre las Juntas de Protección y Comités Locales de Derechos para apoyar a los niños, niñas y adolescentes victimas de desplazamiento forzado interno desde las comunidades expulsoras a comunidades de destino, apoyando una recepción adecuada, garantizando el acceso a los derechos sociales, en especial educación, salud y vivienda digna. *Coordinar con la PNC mecanismos de control internos y externos, facilitando la denuncia que sea accesible y confiable, con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes víctima de abuso policial y represión pueda utilizar los mecanismos adecuados para acceder a la justicia.

Gestión de la información. *Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos sobre desplazamiento forzado interno generado por violencia con el objetivo de contar con información

relevante y fidedigna que permitan diseñar e implementar las políticas públicas específicas en la materia, así como hacer seguimiento a las mismas y a los resultados obtenidos.

Especialización e inclusión. *Los actores que brindan ayuda humanitaria deben hacer todo lo posible para crear y mantener un entorno inclusivo para niñez y adolescencia con discapacidad y para sus cuidadores, traductores, familias y comunidades, además, deben asegurarse de que los programas y acciones no constituyen o contribuyen a la discriminación o exclusión.

San Salvador, 10 de mayo 2019