DECLARACIÓN PÚBLICA DE CONVERGENCIA PARA LA ACCIÓN, RED DE LÍDERES POR LA PRIMERA INFANCIA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Desde principios de este año, la humanidad se ha visto afectada por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. En América Latina y el Caribe, los gobiernos están realizando importantes esfuerzos para salvaguardar la vida, con especial consideración de grupos de riesgo, reducir los impactos negativos de la pandemia y de las estrategias implementadas para enfrentarla, en particular las medidas deconfinamiento, en el bienestar de las personas.

Esta crisis, sin embargo, ha desnudado y profundizado las carencias e injusticias que persisten en los países de nuestra región y que afectan de modos tan significativos la vida, el desarrollo y el bienestar de hombres y mujeres desde sus primeros años de vida: dificultades o falta de acceso oportuno y pertinente a prestaciones de salud, debilidad de los sistemas de protección social, precarización del empleo; en definitiva, ausencia de un sistema que garantice el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales para todos y todas.

Dirigida nuestra mirada a los niños y niñas, constatamos que la pandemia está afectando su vida y posibilidades de desarrollo desde el momento mismo de nacer.

Millones de niños y niñas de la región están sufriendo los efectos colaterales de esta pandemia, sin embargo, vemos con gran preocupación, el estado de mayor desprotección al que han quedado expuestos los niños y niñas de 0 a 4 años. Con tristeza vemos cómo una vez más la infancia se encuentra invisibilizada bajo la idea de que esta pandemia no los afecta mayormente en términos de riesgo para su salud. Advertimos, sin embargo, que los efectos adversos de la pandemia y los costos económicos, sociales y de condiciones para el desarrollo de las medidas de enfrentamiento serán más graves y duraderos para los niños y niñas, especialmente para aquellos que ya viven en condiciones de pobreza y desprotección; esto podría convertirse en la verdadera emergencia de esta crisis.

Tomando en consideración que la totalidad de la región ha suscrito la Convención sobre los Derechos de los Niños, postulamos que la adopción de garantías reforzadas de derechos constituye un deber legal en el contexto de esta crisis.

Los problemas que enfrentan los y las niñas de la primera infancia son compartidos y afectan gravemente su salud física, mental, su desarrollo emocional y cognitivo. Urge, por tanto, el desarrollo de medidas especiales para la primera infancia durante esta emergencia